Pleitos, consultas legales o trámites administrativos… el seguro de defensa jurídica te asiste en todo momento

Nadie quiere tener problemas legales, pero a veces llegan. Reclamaciones de consumo, dudas fiscales o conflictos con la comunidad de propietarios son asuntos que pueden suponer un quebradero de cabeza. ¿Sabes que hay un seguro que te asesora y respalda en esas situaciones? Si necesitas asistencia legal, el seguro de defensa jurídica es tu aliado.

Esencialmente, el seguro de defensa jurídica funciona como otros seguros: pone a tu disposición al profesional adecuado para resolver tu problema que, en este caso, es de tipo legal. Lógicamente, su día a día son los problemas, dudas y necesidades que suelen tener las personas relacionados con el Derecho. Así, buena parte de los servicios del seguro de defensa jurídica se refieren a temas fiscales, matrimoniales, civiles (por ejemplo, herencias), conflictos de consumo, reclamaciones, etc.

Tranquilidad legal ante cualquier situación

El seguro de defensa jurídica facilita a cualquier ciudadano acceso a la justicia por un precio razonable. Esa es su principal función social. El coste de un seguro de estas características representa entorno del 0,3% de los ingresos anuales de una familia española.

En la actualidad hay en torno a 1,4 millones de pólizas de defensa jurídica en vigor en el país, si bien, debido a su transversalidad, esta protección está presente en muchos otros seguros de amplia implantación, como los seguros de autos y multirriesgo.

La gran mayoría de las pólizas de defensa jurídica incluyen la garantía de asistencia jurídica telefónica. De esta forma, permiten al asegurado trasladar a un abogado todas las consultas que tenga en las materias de Derecho cubiertas por las garantías de seguro. Esta protección constituye un ahorro evidente en caso de que el asegurado hubiera tenido que abonar la correspondiente minuta a un letrado.

El seguro de asistencia jurídica también es una herramienta para potenciar la tutela judicial efectiva, proporcionando la debida protección jurídica del asegurado cuando fuera demandado en vía judicial. Disponer de esta protección hace que el asegurado opte por la defensa de sus derechos en situaciones que no lo haría en otro caso, ya fuera por la escasa cuantía que se le reclama (ie.: frente a un proveedor de suministros básicos) o por la especial complejidad del proceso de reclamación (ie. reclamaciones ante la Administración).

Los productos de defensa jurídica actúan también como dinamizadores del mercado a través, por ejemplo, de la protección jurídica para arrendadores. Esta cobertura aporta tranquilidad a los propietarios que alquilan un inmueble ante cualquier diferencia que puedan tener con sus inquilinos. Al hacerlo, contribuyen a que el parque de viviendas en alquiler sea más extenso. Por otra parte, las Administraciones Públicas colaboran cada vez más con las aseguradoras para incluir estos seguros en los servicios de mediación entre propietarios e inquilinos de viviendas. De maneras como estas, el seguro de defensa jurídica facilita algo tan importante como el acceso a la vivienda en España.